Mi cliente fue acusado de agresión con fuerza con probabilidad de causar graves lesiones corporales, un delito grave que conlleva la posibilidad de una pena de prisión estatal. Revisé minuciosamente los informes policiales y logré demostrarle al fiscal de distrito que tendrían dificultades para probar ese cargo. Recopilé información positiva sobre mi cliente e investigué si la presunta víctima quería presentar cargos. Con base en todo lo que presenté al fiscal de distrito, acordaron resolver el caso por un delito menor de alteración del orden público, 15 días de pena alternativa y un año de libertad condicional. Esta resolución protegió el derecho de mi cliente a portar armas, además de evitar la cárcel.